Consiste en acceder de manera indebida, sin autorización o contra derecho a un sistema de tratamiento de la información, con el fin de obtener una satisfacción de carácter intelectual por el desciframiento de los códigos de acceso o passwords, no causando daños inmediatos.
En abril del 2004 la cámara de diputados aprobó una reforma de forma penal para castigar hasta con 2 años de cárcel a los llamados “hackers”.